Un juez en Estados Unidos determinó que es ilegal la política implementada durante la administración Trump que permitía deportar a migrantes a terceros países. Esta medida judicial pone freno a las expulsiones rápidas, que se realizaban en cuestión de horas, y subraya las preocupaciones sobre la seguridad y el respeto a los derechos de las personas deportadas, al no garantizarse un destino adecuado para ellas. La orden judicial cuestiona la falta de salvaguardias para los migrantes afectados por dicha política.